México D.F., (PRWEB) October 13, 2004
Lic. Raúl Alejandro Padilla,
presidente de la CONCANACO
Señoras y señores:
Quisiera hacer una reflexión sobre los acontecimientos políticos que atestiguamos la semana anterior y que con toda franqueza debo reconocer me causan, como a la mayoría de los mexicanos, una profunda preocupación.
Los hechos que pudimos observar tienen un mensaje claro y preocupante: si bien la democracia ha logrado establecerse en nuestro país, sus raíces no son profundas. Estas acciones señalan el riesgo que enfrenta nuestra democracia: instituciones débiles y actores políticos con poca credibilidad ante los ciudadanos.
La transición democrática en México se ha enfocado fundamentalmente desde la perspectiva electoral. Esto tiene, por supuesto, una razón de ser: durante décadas la búsqueda de garantías para elecciones libres, equitativas y transparentes era necesariamente la prioridad.
Sin embargo, ahora que vivimos el primer gobierno producto de la alternancia, tenemos ante nosotros una advertencia que ni la sociedad civil ni los gobernantes podemos ignorar: la democracia no puede reducirse a elecciones libres.
El debate sobre la consolidación democrática debe dirigirse ahora a resolver dos temas centrales:
1) lograr que la democracia electoral se traduzca en beneficios económicos y sociales para toda la población. En otras palabras, requerimos desarrollar una ciudadanía política plena, en la que todas las personas gocen efectivamente de sus derechos políticos, económicos y sociales: Ninguna democracia puede considerarse plena cuando en la práctica existen ciudadanos de primera y de segunda.
2) consolidar nuestra democracia con el diseño de instituciones políticas adecuadas para el nuevo contexto político nacional.
Ignorar la necesidad de una reforma política profunda implica colocar al país en riesgo de parálisis y permitir la agudización de los conflictos políticos y sociales.
Me preocupa que a estos dos problemas centrales para definir el futuro del país, se les esté construyendo una respuesta equivocada:
En primer lugar, antes de reivindicar un esquema económico en el cual se conciba al Estado como distribuidor de prebendas y privilegios sociales, debemos pensar en un modelo de desarrollo económico que, al mismo tiempo que garantice estabilidad impulse el crecimiento, el empleo y la equidad.
En segundo lugar, en vez de seguir reproduciendo esquemas de participación y negociación de política informales, que desprecian la legalidad y promueven mecanismos clientelares, debemos apostar por una política que se fundamente en la deliberación y la institucionalidad.
No nos equivoquemos: el desarrollo económico equilibrado y la institucionalidad democrática son nuestra garantía de un mejor futuro. El populismo y la informalidad política son expresiones propias de nuestro pasado.
La democracia plena exige una política económica cuyos objetivos sean estabilidad, crecimiento, empleo y equidad. Democracia sin estabilidad, equidad, empleo y crecimiento económico- democracia sin derechos sociales y económicos efectivos- es un proyecto incompleto. Ninguna democracia puede sostenerse cuando millones de personas enfrentan condiciones de pobreza. Ninguna democracia puede aspirar a consolidarse cuando sus miembros no cuentan con oportunidades para desarrollar dignamente sus vidas.
Ninguna democracia puede considerarse plena cuando en la práctica existen ciudadanos de primera y de segunda.
La política económica responsable lleva a estabilidad macroeconómica. La experiencia de décadas sufriendo hiperinflación y devaluación demuestra que si la conducción de la economía no se realiza sobre condiciones realistas, al final la población es quien paga la factura de las crisis. ¿Quién puede olvidar en México que los errores en el manejo de la política económica significaron en 1994 la devaluación de nuestra moneda, el cierre de negocios, la pérdida de empleo, ahorros y bienes de millones de mexicanos, además de la angustia de observar como tasas de interés fuera de control consumían el patrimonio familiar?
La política económica enfocada al desarrollo no puede limitarse a mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas. La generación de empleo es prioritaria porque tenemos que generar las bases para que los ciudadanos puedan llevar a sus hogares los bienes suficientes para su desarrollo personal y familiar. El empleo dignifica a la persona humana y potencia el desarrollo de ciudadanos comprometidos con la democracia. Es comprensible que la población se desencante con los resultados de la democracia cuando el desempleo es la realidad para millones que cada año se incorporan al mercado de trabajo y encuentran en la economía informal una alternativa para resolver las necesidades familiares.
Para generar empleo, la política económica debe impulsar el crecimiento a través de acciones pensadas para desarrollar cadenas productivas y para que todos los sectores de la economía aprovechen las oportunidades de un mundo globalizado. El mejor camino es la integración económica con el resto del mundo, la consolidación de sectores estratégicos y el cambio en la vocación productiva en las ramas donde ya no somos competitivos en un contexto de constante transformación.
Requerimos establecer las bases para el crecimiento económico sostenido y para competir global mente en condiciones simétricas, pues eso implica que asumimos nuestro compromiso con futuras generaciones. Esto pasa necesariamente por una política que ponga el acento en estímulos a las empresas para que se integren cadenas productivas, en el desarrollo de la infraestructura necesaria para reducir costos de transporte y comunicación, en la inversión en ciencia y tecnología para mantener al país en la modernidad y, sobre todo, en la seguridad para la inversión a través de derechos de propiedad efectivos.
Tan peligroso es que los gobiernos ignoren su responsabilidad para impulsar al desarrollo, como lo es la tendencia a reivindicar políticas gubernamentales que en el pasado sólo produjeron colapsos económicos.
El cambio fundamental que nuestra sociedad necesita es una política social equitativa que complemente la política económica mediante mejorías en los estándares de salud y educación de toda la población.
No podemos seguir argumentando que nuestras economías son sanas cuando prácticamente la mitad de la población ha sido excluida del desarrollo por carencias en nuestros sistemas de salud y educación pública.
Una política que busque generar oportunidades en forma realista, debe asumir que la inversión en educación es prioritaria, porque una sociedad mejor educada, dotada de mayores conocimientos y habilidades, es la única forma de superar desigualdades y es el camino para aspirar a competir en condiciones simétricas en un mundo globalizado. Debemos entender que la baja calidad educativa está correlacionada con la desigualdad y la inserción asimétrica a la globalización.
La educación es la mejor inversión que puede hacer un régimen democrático. A través de la educación es posible acabar con la política que entiende a la sociedad como clientela, para en su lugar formar ciudadanos con plenos derechos. Una educación de calidad significa la apuesta por una ciudadanía con capacidad para comprender los asuntos públicos y para participar activamente en la definición de las prioridades nacionales.
000 Ninguna sociedad puede desarrollarse en un clima de miedo, desconfianza e incertidumbre. Democracia plena exige seguridad.
La inseguridad no permite el desarrollo porque el riesgo de perder la vida o el patrimonio familiar en manos de la delincuencia es una realidad que afecta a toda la población al margen de su condición social. La inseguridad es una grave amenaza para el crecimiento económico, porque la incertidumbre aumenta los costos de hacer negocios y obstaculiza la inversión que se requiere para generar empleos.
Detrás de la inseguridad y la violencia hay dos realidades que no podemos ignorar. Primero, la falta de oportunidades para amplios sectores de la población sin expectativas de incorporarse al mercado de trabajo. Segundo lugar, las instituciones judiciales están mal diseñadas, los gobiernos mal equipados y las policías mal preparadas para enfrentar al crimen organizado.
Garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos es la primera responsabilidad del Estado. Proteger a la ciudadanía, al igual que procurar y administrar la justicia en forma eficiente, requiere trabajar en dos frentes complejos: por un lado, aumentar las oportunidades y mejorar la distribución del ingreso; por el otro, establecer como una prioridad una reforma integral al sistema judicial, mejorar su infraestructura y equipamiento, así como profesional izar y dignificar el trabajo de las fuerzas del orden.
El combate a la inseguridad, sin embargo, no puede reducirse a enfrentar su manifestación al interior de cada nación, es necesario atacar las amenazas externas. El combate al crimen organizado y otras nuevas amenazas a la seguridad como el narcotráfico, el terrorismo, la violación a derechos humanos requieren mecanismos de cooperación y coordinación efectivos.
La política exterior tiene como nunca antes un sentido estratégico. Democracia plena exige una política exterior activa. De la forma en que respondamos a estas preguntas y de los cursos de acción concretos que tomemos en consecuencia, dependen nuestras posibilidades de desarrollo en el siglo XXI.
Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para integrarnos políticamente, para conformar una alianza enfocada para impulsar nuestros intereses estratégicos comunes. Al concertar posiciones y establecer acuerdos nos hacemos más fuertes en el escenario internacional, tanto al participar en foros multilaterales como en las relaciones con los centros financieros multilaterales de los que tanto depende el bienestar de nuestros países.
Democracia plena exige instituciones sólidas. Hemos aprendido que el conflicto de intereses y la diversidad de formas de entender nuestra realidad, es inherente a la convivencia democrática. La unanimidad es una virtud que sólo pueden reivindicar las sociedades cerradas. Por ello la democracia debe sustentarse en instituciones sólidas que permitan la definición de acciones para el desarrollo estableciendo espacios para la deliberación y la negociación.
El liderazgo del gobierno democrático implica la capacidad para establecer las prioridades y dirigir los recursos escasos a la instrumentación de las políticas y programas que permitan impulsar en forma efectiva el desarrollo nacional. Un futuro más digno para los mexicanos, que su gobierno democrático encabecen el cambio organizando las prioridades e impulsando un debate público tolerante orientado a la definición de alternativas.
En especial, las nuevas democracias requieren reformas estratégicas. La experiencia de las transiciones a la democracia en las diferentes partes del mundo nos demuestra que la reforma institucional es clave para la consolidación de la democracia y el crecimiento económico. La existencia de instituciones eficientes representa garantía de ejercicio democrático del poder, certidumbre de reglas claras para todos los ciudadanos e incentivos para impulsar los niveles de crecimiento que requiere una sociedad desarrollada.
Las nuevas democracias no pueden depender para su funcionamiento de instituciones políticas y económicas creadas para contextos diferentes, contextos autoritarios.
El equilibrio de poderes efectivo es el corazón de la institucionalidad política. A través del equilibrio de poderes efectivo el estado de derecho es una realidad tangible, con un poder que crea leyes, otro que ejecuta actos de autoridad y otro que protege la legalidad.
Equilibrio de poderes efectivo es garantía de seguridad para los ciudadanos ante los excesos de poder que puedan cometer las autoridades y significa también la protección de los derechos de las minorías.
La experiencia nos enseña que requerimos instituciones políticas que funcionen bajo la dinámica de pesos y contrapesos y que garanticen procesos de toma de decisiones eficaces y transparentes. El conflicto de intereses y la contraposición de ideas inherente a toda sociedad plural, se pueden convertir en acciones relevantes para población cuando los actores políticos están dispuestos a acatar los resultados que fueron producto de su deliberación en un marco de instituciones sólidas. No permitamos que prácticas políticas informales socaven la democracia que tanto trabajo nos ha costado construir.
Señoras y señores:
Democracia plena exige una política económica estable y equitativa, que genere crecimiento y empleo. Democracia plena exige derechos sociales y económicos efectivos. Democracia plena exige seguridad e igualdad de oportunidades. Democracia exige instituciones sólidas. No podemos equivocarnos: no hay otra mejor alternativa a la democracia. El proyecto de país que nos presentan los acontecimientos de la semana pasada significa el retroceso de nuestra nación. Nuestra obligación es hacer la democracia una realidad efectiva.
Muchas gracias.
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